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Proyecto de Ley 39

Propuesto por iniciativa de petición a votarse en la Elección General del 7 de noviembre de 2006. La información en la sección sombreada que se encuentra a continuación aparecerá en su papeleta.

Título de la Elección

PROHÍBE AL CUERPO PÚBLICO CONFISCAR PROPIEDAD DE BIENES RAÍCES PRIVADA SI TIENE LA INTENCIÓN DE TRASPASARLA A UNA PARTE PRIVADA

RESULTADO DE VOTAR "SÍ": Votar "sí" le prohíbe al cuerpo público confiscar cierta propiedad de bienes raíces si tiene la intención de traspasarla a una parte privada completa o parcialmente, con excepciones.

RESULTADO DE VOTAR "NO": Votar "no" mantiene la ley actual, permitiéndole al gobierno que obtenga propiedad privada requerida para un propósito público autorizado que involucre el traspaso de propiedad a una parte privada.

RESUMEN: La Constitución de Oregon le permite a los cuerpos públicos confiscar propiedad de bienes raíces requerida para un propósito público, requiere que se compense al dueño de la propiedad. Los estatutos le permiten al dueño desafiar el monto de compensación en un tribunal. El proyecto de ley le prohíbe a los cuerpos públicos confiscar residencias privadas, establecimientos comerciales, fincas y operaciones forestales si el gobierno tiene la intención de traspasar la propiedad completa o parcialmente a otra parte privada. El proyecto de ley excluye la propiedad condenada como peligrosa a la salud o seguridad o para transporte o servicios públicos; le permite al gobierno arrendar la propiedad confiscada para usos comerciales accesorios. Requiere que un tribunal decida si el cuerpo público ilegalmente tuvo la intención de traspasar la propiedad a otra persona privada. Extiende los derechos de reembolso por honorarios de abogados y costos si el tribunal prohíbe la confiscación o si la compensación otorgada es mayor a lo que el gobierno ofreció en un inicio. Otras provisiones.

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO: Este proyecto de ley podría requerir gastos del presupuesto estatal anual de aproximadamente $8 millones a $17 millones al año.

Este proyecto de ley no tiene un efecto económico en los ingresos del gobierno estatal.

Este proyecto de ley podría requerir gastos del gobierno local de entre $8 millones a $13 millones al año.

Este proyecto no tiene un efecto económico en los ingresos del gobierno local.

(Ver el Folleto de los Electores para la explicación de esta estimación económica).


Explicación de la Estimación del Impacto Económico

Este proyecto de ley podría aumentar los gastos del presupuesto estatal para derechos de paso en carreteras de $8 millones a $17.25 millones al año. Los costos de propiedad del gobierno del condado podrían aumentar de entre $5 millones a $10 millones al año. Los costos de las ciudades podrían aumentar por hasta $3 millones al año.

Una parte del proyecto de ley 39 cambia las reglas para determinar cuándo el estado, una ciudad o un condado deben pagar honorarios de abogados y costos de tribunal en casos de confiscación. La confiscación es un acto de parte de un gobierno para adquirir propiedad privada para un propósito público, tal como derecho de paso en carreteras, calles de la ciudad, edificios públicos y servicios públicos o para traspasarla a otra parte.

Cuando el estado, un condado o una ciudad necesita adquirir propiedad para un propósito público, ofrece comprar la propiedad del dueño. Si el dueño de la propiedad no está dispuesto a venderla por el monto ofrecido, el estado, condado o ciudad pueden hacer una o más ofertas más elevadas. Si no se llega a un acuerdo, el caso puede pasar a un tribunal, donde se decidirá el valor de la propiedad que debe ser pagado. Bajo la ley actual, cada parte paga sus propios honorarios de abogado, cuotas de valoración y demás costos relacionados, a menos que el valor determinado por el tribunal sea mayor a la oferta más elevada que fue realizada por escrito de parte del gobierno antes del juicio. En dicho caso, el estado, condado o ciudad debe pagar los costos y honorarios en que incurrió el dueño de la propiedad.

Este proyecto de ley obligaría al gobierno a pagar los honorarios y demás costos en que incurra el dueño de una propiedad si el valor determinado por el tribunal es mayor a la primera oferta realizada por el gobierno, en lugar de la oferta más elevada hecha antes del juicio. El impacto económico de este proyecto de ley está basado en dos suposiciones. Es menos probable que los dueños de propiedad acepten la oferta inicial y es más probable que esperen a que un tribunal decida el valor de su propiedad, si el proyecto de ley es aprobado. Así mismo, el gobierno puede gastar más en valoraciones antes de realizar su primer oferta.

El estado adquiere alrededor de 600 piezas de propiedad cada año para derechos de paso en carreteras. En la mayoría de los casos, el estado y el dueño de la propiedad acuerdan un precio de venta. En alrededor del 10 por ciento de las propiedades el estado pasa por el proceso de confiscación y la mayoría de dichos casos son resueltos sin llegar a un juicio. Si el presente proyecto de ley es aprobado, se supone que el número de los casos confiscados que deben ser presentados podría duplicarse y que todos llegarían a un juicio. Los costos legales y demás costos aumentarían para el estado. Es más probable que en los casos que lleguen a un juicio el tribunal encuentre que el dueño de la propiedad debe recibir una compensación mayor por la propiedad que la primera oferta del estado, debido tan solo a la cantidad de tiempo que transcurrirá entre la primera oferta de compra y la fecha de presentación en un tribunal de un caso de confiscación. Como resultado, el estado pagaría honorarios de abogados, cuotas de valoración y demás costos en los que incurra el dueño de la propiedad.

Miembros del Comité:
Secretario de Estado Bill Bradbury
Tesorero de Estado Randall Edwards
Lindsay Ball, Directora, Departamento de Servicios Administrativos
Elizabeth Harchenko, Directora, Departamento de Impuestos
Debra Guzman, Representante del Gobierno Local

(La estimación del impacto económico y la explicación fueron proporcionadas por el comité antes mencionado de acuerdo a ORS 250.127).


Declaración Explicatoria

La ley actual permite que el gobierno tome pertenencia de propiedad privada al demostrar un propósito público y al pagar compensación justa por la propiedad.

El proyecto de ley 39 realiza cambios a los estatutos de Oregon al limitar la autoridad del gobierno para confiscar residencias, establecimientos comerciales y fincas u operaciones forestales si el gobierno tiene la intención de traspasar subsecuentemente un interés en la propiedad a otra parte privada.

El proyecto de ley 39 contiene cuatro excepciones a esta nueva limitación para propiedad privada que no puede quitársele a un dueño de propiedad privada para dársela a otra parte privada. Las cuatro excepciones son: 1) propiedad de bienes raíces que es un peligro a la salud o seguridad por razones especificadas; 2) árboles, cosechas, mantillo, grava o mobiliario que puedan ser removidos de la propiedad de bienes raíces a ser confiscada; 3) propiedad de bienes raíces a ser usada para proyectos relacionados a transportación o servicios públicos; y 4) propiedad de bienes raíces adquirida por un nuevo dueño después de que el gobierno publique un aviso de que tiene la intención de considerar la confiscación de la propiedad de bienes raíces.

Además de estas cuatro excepciones, el proyecto de ley 39 le autoriza al gobierno utilizar propiedad de bienes raíces para asegurar el financiamiento de la adquisición de la propiedad y arrendar secciones de la propiedad para usos comerciales que sirvan a clientes habituales de las instalaciones públicas.

Si el dueño de una propiedad cree que la confiscación de la propiedad de parte del gobierno viola el proyecto de ley 39, el dueño de propiedad puede oponerse a la confiscación. Bajo el proyecto de ley 39 el tribunal debe determinar por su cuenta, sin deferencia a la decisión del gobierno local, si la confiscación del gobierno viola o no las nuevas provisiones del proyecto de ley 39. Si el tribunal determina que la confiscación del gobierno no satisface los nuevos requisitos del proyecto de ley 39, entonces el dueño de la propiedad tiene el derecho a recuperar los honorarios de abogados, costos, gastos y demás desembolsos razonables.

El proyecto de ley 39 también modifica los procedimientos de confiscación actuales contenidos en la Ley de Oregon. Actualmente, cuando el gobierno decide confiscar propiedad de bienes raíces privada, el gobierno debe proporcionarle al dueño de la propiedad una oferta de compra inicial para la propiedad de bienes raíces privada. Si el dueño de la propiedad rechaza la oferta inicial del gobierno, se pueden realizar ofertas adicionales. Si no se llega a un acuerdo, el caso procede a un juicio.

Si el dueño de la propiedad recibe un veredicto mayor a la oferta más elevada realizada por el gobierno al menos 30 días antes del inicio del juicio, el dueño de la propiedad tiene el derecho a recuperar los honorarios de abogados, costos y demás desembolsos.

El proyecto de ley 39 modifica el proceso de confiscación al permitirle al dueño de una propiedad de bienes raíces privada recuperar los costos de honorarios de abogados y demás desembolsos si el fallo otorgado en el juicio excede la oferta inicial de compensación ofrecida por el gobierno, aunque el gobierno haya subsecuentemente realizado otra oferta más elevada.

Miembros del Comité: / Nombrado por:
Ross Day / Solicitantes Principales
Dave Hunnicutt / Solicitantes Principales
Mayor Tom Hughes / Secretario de Estado
Chip Lazenby / Secretario de Estado
Daniel B. Cooper / Miembros del Comité

(Este comité fue nombrado para proporcionar una explicación imparcial del proyecto de ley conforme a ORS 251.215).

 

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